La Fiscalía General de la República presentó ayer el requerimiento de acusación en contra de ocho miembros de tres sindicatos adscritos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los delitos de Desórdenes Públicos y Ejercicio Violento del Derecho.

Los involucrados son: Roswal Gregorio Solórzano Hernández, a quien se le suma la imputación por Apología del Delito; Roxana Estela Gómez De Joma, Domingo De Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar. Todos acusados de delitos ya mencionados.

Las investigaciones de la Fiscalía se centran en varios hechos realizados en diferentes fechas, el primero de ellos se establece el 19 de marzo de 2020, donde miembros de las organizaciones: Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS), Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio (SEJES 30 DE JUNIO) de manera simultánea cerraron los accesos a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, impidiendo la entrada de empleados y usuarios.

El segundo acontecimiento se registró el 10 de junio de 2020, donde se difundió un video en el que observa a un hombre, quien se identificó como Roswal Solorzano, haciendo un llamado a varios movimientos, organizaciones sociales, laborales, a la sociedad civil, al pueblo salvadoreño, a la “insurrección popular”. En el mensaje pidió a todos “salir y ajustar cuentas con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional”.

Dichas acciones se repitieron en fechas 25 de junio del presente año, quienes cerraron los acceso del Centro Judicial “Dr. Isidro Menéndez” y el Centro Integrado de Derecho Privado y Social, afectando la celebración de audiencias y diligencias judiciales.

Y otro por otro hecho que se dio el 29 de junio de este año donde también se da el cierre del Centro Judicial “Dr. Isidro Menéndez” y el Centro Integrado de Derecho Privado y Social.

El requerimiento de acusación fue presentado al Juzgado de Paz de turno en la capital, quien decidirá fecha y hora de la intimación de los involucrados y posterior audiencia.