Los abogados independientes Julio Montenegro y José López, miembros de Defensores del Pueblo, interpusieron la mañana de este jueves un recurso de amparo contra las autoridades gubernamentales pidiendo declaren nula la resolución donde otorgan la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena y a sus familiares, violando los procesos y requisitos legales establecidos en la Ley de Migración y Extranjería y Ley de Protección a Refugiados.

Según explicó Montenegro, todo el proceso, desde el otorgamiento de asilo político a Funes Cartagena en septiembre del 2016 «de forma expedita» por el canciller Samuel Santos, según lo manifestó en una entrevista el mismo beneficiado, hasta el otorgamiento de ciudadanía, es arbitrario porque no cumplió con los plazos establecidos en la Ley de Migración.

«El señor canciller Samuel Santos, no tomó en cuenta a la hora de otorgar asilo a Funes y a su núcleo familiar (resolución ministerial no. 073-2016), que el reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería” (Decreto 31-2012), aprobado el 20 de septiembre de 2012, establece en su artículo 83, que los refugiados y asilados se regirán por lo establecido en la ley 655 o “Ley de Protección a Refugiados, misma que establece en el artículo 22 que la solicitud de refugiado político debe presentarse directamente en la secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conar) o a la  Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a través de cualquier oficina del territorio nacional y no ante Cancillería a como lo hizo Funes», explicó Montenegro.

Este mismo cuerpo de Ley establece en su artículo 15 que es la Conar quien determina la condición de refugiado de todas aquellas personas que la soliciten, así mismo deben de llenar un formulario migratorio y tienen 30 días para resolver, sin embargo aquí la solicitud se hizo el 31 de agosto y se resolvió el a favor el 2 de septiembre, explicó López.

El recurso de amparo fue presentado contra del director general de migración y extranjería del ministerio de gobernación de nicaragua, comandante de brigada Juan Emilio Rivas Benites y será ventilado en la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, cuyos magistrados resolverán sobre la admisión o no de dicho recurso.