Tras un polémico y agotador periplo de casi tres semanas, el Open Arms, buque insignia de la ONG del mismo nombre, desembarco el martes en el puerto de la isla de Lampedusa, en virtud de una orden de la Fiscalía italiana, que decretó la incautación del barco.

La tripulación y los 83 migrantes que aún estaban a bordo pasaron a tierra firme y recibieron la atención primaria adecuada. De esa manera culminaba lo que Open Arms califico como su «misión más difícil» hasta la fecha.

Sin embargo, los problemas que afronta esta embarcación humanitaria están aún lejos de acabarse: una vez despejada la incógnita sobre su puerto de destino –que puso a prueba la resistencia física y mental de los ocupantes del navío y evidenció la falta de coordinación entre los Estados europeos en materia de inmigración–, se abre ahora el no menos espinoso capítulo de las posibles sanciones legales.

Una lectura estricta de la normativa de España –bajo cuya bandera opera el buque de Open Arms–, recogida en la Ley de Navegación Marítima, deja claro que «no se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento en tanto que no se cuente con la conformidad de la autoridad responsable».

Y así lo recordó el miércoles la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, al afirmar, en una entrevista en la Cadena Ser, que  Proactiva Open Arms no tiene licencia para realizar rescates en el Mediterráneo. «Nuestro país es un Estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco», indicó Calvo al respecto.

Mientras tanto, Open Arms denuncia incansablemente que el Mediterráneo pasa por ser actualmente «la mayor fosa común del planeta» mientras «Europa se pone de perfil». Lo cierto es que a principios de este mes, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU, cifro en 840 el número de personas muertas en 2019 en las tres principales rutas de migración irregular en el Mediterráneo.

Sobre las palabras de Carmen Calvo, el director de Open Arms, Óscar Camps, se ha mostrado este miércoles muy crítico: «A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo«, ironizó el activista, en alusión al ministro italiano de Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, cuya firme determinación de negar el desembarco del buque en Italia ha sido uno de los escollos más difíciles en la misión humanitaria de Camps.

Hasta 901.000 euros de multa «por haber cumplido una obligación»

En varias operaciones ejecutadas a lo largo de este mes de agosto, el Open Arms recogió a un total de 160 migrantes que se hallaban al borde del naufragio en diferentes puntos del Mediterráneo Central, tras haber escapado de «una muerte segura en Libia», en palabras de la propia ONG.

En concreto, tal como advirtió formalmente el pasado mes de julio el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, a Camps –en calidad de capitán del buque–, los presuntos incumplimientos del Open Arms en materia de rescate o salvamento podrían constituir «infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo, pudiendo sancionarse cada una de ellas con multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente».

Por su parte, Italia aprobó un decreto el pasado 11 de junio que establece multas de entre 10.000 a 50.000 euros a los capitanes de barcos que incumplan las prohibiciones de su Gobierno, que justifica esta normativa presentándola como un instrumento para combatir a quienes supuestamente pretendan «favorecer la inmigración ilegal». El contenido de este decreto está en sintonía con la actitud que el ministro Salvini ha mantenido en las últimas semanas frente a la misión del Open Arms, prohibiendo su desembarco en Lampedusa y aceptando, explícitamente contra su voluntad y bajo presión judicial, solo evacuaciones puntuales por emergencias médicas.