El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador,  concluyó este día la audiencia preliminar contra los exdirectores  de la  Dirección General de Centros Penales,  Rodil Fernando Hernández Somoza y  Nelson Rauda Portillo y dará a conocer la resolución el 18 de enero de 2019.

Los exdirectores son procesados por los delitos  de actos arbitrarios y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y dos víctimas bajo régimen de proyección  clave “Kiler” y “Ruso”  y de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.

Nelson Rauda fungió como director desde el ocho de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013, mientras que Rodil Hernández desde junio del año 2013 hasta junio del año  2017.

Con respecto al delito de actos arbitrarios  la Fiscalía acusa a Rauda y Hernández de rebasar  sus facultades valiéndose  de su cargo y autoridad, cada uno en sus respectivas gestiones,  para dar   órdenes al coordinador de la tienda institucional de la DGCP para distribuir fondos proveniente de las  tiendas penitenciarias  para fines totalmente distintos a los que establece el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que busca mejorar el sistema penitenciario del país.

Supuestamente les atribuyen  que  utilizaron en concepto  del rubro de  inteligencia $ 200,193.19 entre los años 2012 y 2014  para pagos que no estaban comprendidos  en la ley penitenciaria,  que establece que los fondos provenientes de las 21  tiendas institucionales van a ser destinados al beneficio de la población  reclusa  no para personas particulares.

Según las autoridades  hubo un mal manejo  de dinero proveniente de  estas  tiendas  que presuntamente sirvieron  para el pago de salarios, bonificaciones, viáticos etc  de personas que presuntamente colaboraron  con la tregua entre pandillas.

Al respecto la defensa de Nelson Rauda manifestó que acusación “es  deficiente  y  no reúnen los requisitos para configurar los hechos” además manifestaron que contra su cliente ha habido una doble persecución por el delito de actos arbitrarios,  anteriormente por el caso “Tregua” y  ahora por este caso, a su juicio  son los mismos hechos que le atribuyen
Por su parte la abogada de Rodil Hernández,  Berta Deleón manifestó que la acusación por administración fraudulenta no reúne los requisitos en cuanto a la denuncia de los dos internos “ no se establecen montos ni periodo de tiempo cree que es un caso “precario y pobre” según la abogada no se ha establecido  que ellos decidieron arbitrariamente que es lo que pagaban, está establecido en el proceso que la decisión de los  rublos en que se invirtió ese dinero  no fue una decisión entera de los exdirectores” según el organigrama dependen del Ministerio de Seguridad.