El Diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel, se disculpó este jueves por las declaraciones que dio  ayer luego de que periodistas le preguntaran si presentaría su declaración patrimonial a Probidad.

Martel es uno de lo 13 funcionarios legislativos del periodo 2018 – 2021 que hasta septiembre del presente año no habían presentado sus declaraciones. El legislador considera que este “es un método obsoleto de una ley de 1959 que ya no tiene sentido”.

“Lo voy a pensar, fíjese, si tiene sentido continuar métodos obsoletos que no combaten la corrupción”, dijo y añadió que estaba dispuesto a que se le impusiera una multa al incumplir el artículo 240 de la Constitución de la República que mandata que los funcionarios y empleados públicos están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Una institución que maneja esas declaraciones a criterio propio y elige casi por órdenes a quienes van a afectar y a quienes no, si alguien cree que me estoy enriqueciendo de manera ilícita, que lo diga y yo compruebo lo que tengo, cómo entré y cómo voy a salir de esta Asamblea”, añadió.

Este jueves, Martel dio un paso atrás y en su cuenta de Twitter pidió disculpas por sus declaraciones.

“Ningún funcionario público esta por encima de ninguna ley y mucho menos de una que previene la corrupción, pido una disculpa publica por no haber presentado mi declaración patrimonial y por las declaraciones que di ayer (…)”, escribió. Martel se ha comprometido a presentar su declaración en los próximos días.

Las multas impuestas por la Ley de Probidad a funcionarios por no cumplir con este mandato constitucional van de $50 a $500, un monto que para muchos sectores no representa presión alguna para hacer cumplirla.

El presidente Acción Ciudadana (AC), Humberto Sáenz, dijo en declaraciones anteriores que estas sanciones “no invitan a cumplir la ley” y pidió una revisión a este marco normativo a fin de incrementar las multas e incluso que se valore que aquellos funcionarios que no hayan presentado su informe no puedan aspirar a cargos públicos.

Según un informe de Acción Ciudadana, en el período 2014-2019, la Corte Suprema de Justicia realizó 287 procesos sancionatorios condenatorios.  En las instituciones del Gobierno Central o Instituciones Autónomas, se impusieron 38 multas, que oscilaron entre $50 a $550.

El mayor número de multas impuestas son para Concejos Municipales. Según el informe se realizaron 182 procedimiento sancionatorios condenatorios, en los cuales fueron multados 88 cargos relacionados a funciones de alcaldes municipales, 93 cargos relacionados al cargo de síndico municipal y un cargo de Regidor Suplente.